Imágen de la campaña de Reporteros sin Fronteras sobre la Libertad de Expresión*Por Fabio Montero.
En mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Expresión dispuesta por las Naciones Unidas, esta fecha es sin dudas una buena ocasión para abordar el tema desde la realidad de nuestro país, más aún, cuando el gobierno nacional ha lanzado la idea de avanzar con un proyecto que reemplace la ley 22.285 de radiodifusión. En este sentido, un fallo reciente ratifica, desde el ámbito judicial, la plena vigencia del Derecho Humano Fundamental de informar y ser informado.
El fallo corresponde al juez Sergio Torres, titular del juzgado federal Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, que intervino en una causa que se iniciara contra periodistas de la revista Veintitrés cuyo informe aludía al empresario Sergio Taselli y a supuestos subsidios millonarios que recibió durante los últimos 10 años. El juez consideró que el delito denunciado se daba a través de una publicación periodística cuya imputación involucra el derecho de la “Libertad de Expresión, reconocido en la Carta Magna como el derecho individual de todos los habitantes a estar suficientemente informados para opinar y tomar conocimiento de las cuestiones que suceden en la república en un momento dado…” Por otra parte, el juez considera que la publicación no reúne los elementos previstos por las normas penales para ser tipificado como delito.
Si bien la justicia en este fallo refrenda y jerarquiza la Libertad de Prensa, sería interesante analizar algunos aspectos que hacen a un verdadero ejercicio de la profesión periodística en nuestro país.
En primer lugar, diríamos que el genuino derecho que tiene un periodista a informar con libertad debería darse en el marco de medios de comunicación que tengan como “línea editorial” la responsabilidad de que sus trabajadores puedan ejercer la profesión sin presiones ni limitaciones. En este aspecto, la concentración de medios operada, principalmente durante la década del 90, no es una buena señal en este sentido. Si a esto le sumamos una fuerte impronta comercial y política (muchas veces partidaria) donde lo importante son las extraordinarias ganancias y las presiones hacia determinados sectores del poder para lograr beneficios propios, podríamos decir que muchos de los grandes medios de comunicación son los primeros en cercenar, a través de la autocensura, el derecho a la libertad de prensa.
El relator de la ONU para la Libertad de Expresión consideró que “parte del derecho a ser informado de la población es el derecho a tener una pluralidad de opiniones y diversidad de visiones. Entonces, los monopolios atentan contra el acceso a la información, y la libertad de expresión de los pueblos…” En otras palabras, la diversidad de ideas no se logra con la presencia de muchos medios de comunicación sino que esos medios no respondan a las mismas empresas.
Un ejemplo de esto es el grupo de capitales españoles PRISA que controla en distintos países, incluso en la Argentina, más de 1000 emisoras entre propias y subsidiarias, manejando además, el mercado de los libros en América Latina a través de las editoriales Alfaguara, Aguilar, Taurus y Santillana entre otras.
Muchas de las emisoras más importantes de la Argentina trasmiten en cadena utilizando la señal de FMs que se encuentran en distintos lugares de nuestro país. En Rosario, no son pocos los medios de comunicación que se han transformado en meras repetidoras de contenidos envasados en Buenos Aires. Este es un ejemplo por el cual la cantidad de medios no hace a la diversidad de opinión.
Otro eje a tener en cuenta en este debate es la diferencia entre la Libertad de Prensa que esgrime el medio y el derecho que tiene todo ciudadano a opinar e informarse. El jurista especializado en Libertad de Expresión, Damián Loreti, considera que los dueños de las ondas de radios son los ciudadanos y el Estado solo las administra, en este orden de ideas, podríamos decir que son los usuarios los que tienen, en primer grado, el derecho a informarse y a exigir medios de comunicación plurales y democráticos.
En esta línea de análisis podríamos preguntarnos cuánto poder real posee y ejerce el hombre común, es decir, si en los contenidos que cotidianamente emiten los medios los usuarios son considerados como meros receptores, sujetos pasivos, o si por otra parte se constituyen en sujetos activos que participan en la conformación de las agendas periodísticas. En otras palabras, la pregunta es quién establece la prioridad en la información y cuáles son las noticias que necesita una comunidad para estar informada. Entonces, cabría analizar si cuando hablamos de libertad de expresión nos referimos a los derechos de los ciudadanos o al de los medios de comunicación. La diferencia no es menor si entendemos a la libertad de expresión como el derecho de opinar y de ser informados.
Hoy, se podría decir que los medios de comunicación han abierto una puerta para que los ciudadanos puedan opinar a través de los foros o de los comentarios que se habilitan en las publicaciones digitales, pero no es menos cierto que todos esos comentarios están sujetos a la “evaluación” que realiza el moderador de la publicación que es en última instancia quien decide que se toma en cuenta y que no.
Otra punta del debate es la discusión acerca del rol del Estado en tanto garantía de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el de expresarse. Durante mucho tiempo el relajamiento del poder público se transformó en la puerta de acceso a violaciones y abusos de parte de las empresas de medios. La concentración y extranjerización cercenó las posibilidades de una verdadera discusión para que el Estado plantee las reglas del sistema de medios con control parlamentario y social.
Hoy, cualquier intento por regular la desquiciada estructura mediática (proyecto de servicio de comunicación audiovisual) es tomada por las empresas de comunicación y sus voceros periodísticos, como un ataque a la Libertad de Prensa. Así, aparecen expresiones como las del presidente del grupo UNO, Daniel Vila que considera que “A las inseguridades jurídicas que arrastra el país le agrega una mayor: ir contra los medios que tienen que ver con la libertad y el pluralismo. Supone una ingerencia del Estado sobre la actividad que ni siquiera tenía la ley sancionada en la dictadura e incorpora el estado de censura tácita permanente ya que el gobierno podrá rever las licencias cada dos años”
Contrario a lo que sostienen los dueños de los grandes medios, el Estado debe ser garante de que la sociedad tenga garantizado el derecho a ser informado, más aún, como señalara el juez Torres citado anteriormente, cuando el objetivo de la publicación apunta a que el ciudadano “debe ser informado sobre las cuestiones que suceden en la república en un momento dado”.
Esta consideración del magistrado encierra una definición de una gran importancia social, debido a que, cada uno de nosotros analiza la realidad a partir de lo que informan los medios de comunicación, es decir, reconoce que los medios de comunicación y los periodistas en particular tienen una enorme responsabilidad social sobre lo que dicen puesto que esta información es, para muchas personas, el único parámetro que tienen para analizar la realidad. En otras palabras, los individuos hablan y piensan sobre lo que los medios informan.
Hablar de control del Estado sobre los medios de comunicación no es equiparable a control del gobierno de turno, más aún, cuando éstos suele apelar a ciertas “presiones” sobre los periodistas que atentan contra la libertad de prensa de manera directa a través de “aprietes” o indirecta por medio de la distribución de las pautas publicitarias. Por el contrario, cuando hablamos de control del Estado nos referimos al que se debe ejercer a través de distintas organizaciones de la sociedad civil como ONG, Organizaciones Intermedias, Asociaciones Sociales, Colegios Profesionales, etc. y por otro lado la garantía que debe surgir de la supervisión parlamentaria y judicial.
Por último otro aspecto a tener en cuenta es si amparados en la libertad de prensa cualquier periodista puede decir lo que se le ocurra sin medir las consecuencias de la responsabilidad social que implica la tarea profesional. Es común escuchar a muchos comunicadores que por intereses políticos, mala fe o negligencia generan en la comunidad un estado de intranquilidad social. Las noticias dadas en este contexto, la lucha por el control de la primicia, las publicaciones basadas en rumores o fuentes dudosas que nunca son dadas a conocer por mantener el principio de reserva de identidad de las fuentes, se constituyen en sí mismo en un autoatentado contra la libertad de opinión e información. En ocasiones, estas noticias suelen impactar fuertemente sobre la “inseguridad colectiva” y pueden conducir a acciones de violencia social. Un ejemplo de ello es el tratamiento que algunos medios hacen con relación a determinados delitos que han conducido, en muchas oportunidades, a solicitar por parte de la población acciones límites como la pena de muerte, el control de la natalidad para familias pobres o la posibilidad de armarse en defensa propia.
La libertad de expresión encierra múltiples aristas y no debe simplificarse solo a un debate entre gobierno y periodistas o medios de comunicación, es un derecho fundamental básico reconocido por leyes y estatutos profesionales con rango constitucional que involucra, además, a la comunidad en su conjunto como sujeto, y no como objeto de información. En este aspecto, es sumamente importante que la discusión se abra y que los distintos sectores de la comunidad tomen en sus manos la responsabilidad de exigir que la libertad de expresión sea un verdadero derecho social.
El fallo corresponde al juez Sergio Torres, titular del juzgado federal Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, que intervino en una causa que se iniciara contra periodistas de la revista Veintitrés cuyo informe aludía al empresario Sergio Taselli y a supuestos subsidios millonarios que recibió durante los últimos 10 años. El juez consideró que el delito denunciado se daba a través de una publicación periodística cuya imputación involucra el derecho de la “Libertad de Expresión, reconocido en la Carta Magna como el derecho individual de todos los habitantes a estar suficientemente informados para opinar y tomar conocimiento de las cuestiones que suceden en la república en un momento dado…” Por otra parte, el juez considera que la publicación no reúne los elementos previstos por las normas penales para ser tipificado como delito.
Si bien la justicia en este fallo refrenda y jerarquiza la Libertad de Prensa, sería interesante analizar algunos aspectos que hacen a un verdadero ejercicio de la profesión periodística en nuestro país.
En primer lugar, diríamos que el genuino derecho que tiene un periodista a informar con libertad debería darse en el marco de medios de comunicación que tengan como “línea editorial” la responsabilidad de que sus trabajadores puedan ejercer la profesión sin presiones ni limitaciones. En este aspecto, la concentración de medios operada, principalmente durante la década del 90, no es una buena señal en este sentido. Si a esto le sumamos una fuerte impronta comercial y política (muchas veces partidaria) donde lo importante son las extraordinarias ganancias y las presiones hacia determinados sectores del poder para lograr beneficios propios, podríamos decir que muchos de los grandes medios de comunicación son los primeros en cercenar, a través de la autocensura, el derecho a la libertad de prensa.
El relator de la ONU para la Libertad de Expresión consideró que “parte del derecho a ser informado de la población es el derecho a tener una pluralidad de opiniones y diversidad de visiones. Entonces, los monopolios atentan contra el acceso a la información, y la libertad de expresión de los pueblos…” En otras palabras, la diversidad de ideas no se logra con la presencia de muchos medios de comunicación sino que esos medios no respondan a las mismas empresas.
Un ejemplo de esto es el grupo de capitales españoles PRISA que controla en distintos países, incluso en la Argentina, más de 1000 emisoras entre propias y subsidiarias, manejando además, el mercado de los libros en América Latina a través de las editoriales Alfaguara, Aguilar, Taurus y Santillana entre otras.
Muchas de las emisoras más importantes de la Argentina trasmiten en cadena utilizando la señal de FMs que se encuentran en distintos lugares de nuestro país. En Rosario, no son pocos los medios de comunicación que se han transformado en meras repetidoras de contenidos envasados en Buenos Aires. Este es un ejemplo por el cual la cantidad de medios no hace a la diversidad de opinión.
Otro eje a tener en cuenta en este debate es la diferencia entre la Libertad de Prensa que esgrime el medio y el derecho que tiene todo ciudadano a opinar e informarse. El jurista especializado en Libertad de Expresión, Damián Loreti, considera que los dueños de las ondas de radios son los ciudadanos y el Estado solo las administra, en este orden de ideas, podríamos decir que son los usuarios los que tienen, en primer grado, el derecho a informarse y a exigir medios de comunicación plurales y democráticos.
En esta línea de análisis podríamos preguntarnos cuánto poder real posee y ejerce el hombre común, es decir, si en los contenidos que cotidianamente emiten los medios los usuarios son considerados como meros receptores, sujetos pasivos, o si por otra parte se constituyen en sujetos activos que participan en la conformación de las agendas periodísticas. En otras palabras, la pregunta es quién establece la prioridad en la información y cuáles son las noticias que necesita una comunidad para estar informada. Entonces, cabría analizar si cuando hablamos de libertad de expresión nos referimos a los derechos de los ciudadanos o al de los medios de comunicación. La diferencia no es menor si entendemos a la libertad de expresión como el derecho de opinar y de ser informados.
Hoy, se podría decir que los medios de comunicación han abierto una puerta para que los ciudadanos puedan opinar a través de los foros o de los comentarios que se habilitan en las publicaciones digitales, pero no es menos cierto que todos esos comentarios están sujetos a la “evaluación” que realiza el moderador de la publicación que es en última instancia quien decide que se toma en cuenta y que no.
Otra punta del debate es la discusión acerca del rol del Estado en tanto garantía de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el de expresarse. Durante mucho tiempo el relajamiento del poder público se transformó en la puerta de acceso a violaciones y abusos de parte de las empresas de medios. La concentración y extranjerización cercenó las posibilidades de una verdadera discusión para que el Estado plantee las reglas del sistema de medios con control parlamentario y social.
Hoy, cualquier intento por regular la desquiciada estructura mediática (proyecto de servicio de comunicación audiovisual) es tomada por las empresas de comunicación y sus voceros periodísticos, como un ataque a la Libertad de Prensa. Así, aparecen expresiones como las del presidente del grupo UNO, Daniel Vila que considera que “A las inseguridades jurídicas que arrastra el país le agrega una mayor: ir contra los medios que tienen que ver con la libertad y el pluralismo. Supone una ingerencia del Estado sobre la actividad que ni siquiera tenía la ley sancionada en la dictadura e incorpora el estado de censura tácita permanente ya que el gobierno podrá rever las licencias cada dos años”
Contrario a lo que sostienen los dueños de los grandes medios, el Estado debe ser garante de que la sociedad tenga garantizado el derecho a ser informado, más aún, como señalara el juez Torres citado anteriormente, cuando el objetivo de la publicación apunta a que el ciudadano “debe ser informado sobre las cuestiones que suceden en la república en un momento dado”.
Esta consideración del magistrado encierra una definición de una gran importancia social, debido a que, cada uno de nosotros analiza la realidad a partir de lo que informan los medios de comunicación, es decir, reconoce que los medios de comunicación y los periodistas en particular tienen una enorme responsabilidad social sobre lo que dicen puesto que esta información es, para muchas personas, el único parámetro que tienen para analizar la realidad. En otras palabras, los individuos hablan y piensan sobre lo que los medios informan.
Hablar de control del Estado sobre los medios de comunicación no es equiparable a control del gobierno de turno, más aún, cuando éstos suele apelar a ciertas “presiones” sobre los periodistas que atentan contra la libertad de prensa de manera directa a través de “aprietes” o indirecta por medio de la distribución de las pautas publicitarias. Por el contrario, cuando hablamos de control del Estado nos referimos al que se debe ejercer a través de distintas organizaciones de la sociedad civil como ONG, Organizaciones Intermedias, Asociaciones Sociales, Colegios Profesionales, etc. y por otro lado la garantía que debe surgir de la supervisión parlamentaria y judicial.
Por último otro aspecto a tener en cuenta es si amparados en la libertad de prensa cualquier periodista puede decir lo que se le ocurra sin medir las consecuencias de la responsabilidad social que implica la tarea profesional. Es común escuchar a muchos comunicadores que por intereses políticos, mala fe o negligencia generan en la comunidad un estado de intranquilidad social. Las noticias dadas en este contexto, la lucha por el control de la primicia, las publicaciones basadas en rumores o fuentes dudosas que nunca son dadas a conocer por mantener el principio de reserva de identidad de las fuentes, se constituyen en sí mismo en un autoatentado contra la libertad de opinión e información. En ocasiones, estas noticias suelen impactar fuertemente sobre la “inseguridad colectiva” y pueden conducir a acciones de violencia social. Un ejemplo de ello es el tratamiento que algunos medios hacen con relación a determinados delitos que han conducido, en muchas oportunidades, a solicitar por parte de la población acciones límites como la pena de muerte, el control de la natalidad para familias pobres o la posibilidad de armarse en defensa propia.
La libertad de expresión encierra múltiples aristas y no debe simplificarse solo a un debate entre gobierno y periodistas o medios de comunicación, es un derecho fundamental básico reconocido por leyes y estatutos profesionales con rango constitucional que involucra, además, a la comunidad en su conjunto como sujeto, y no como objeto de información. En este aspecto, es sumamente importante que la discusión se abra y que los distintos sectores de la comunidad tomen en sus manos la responsabilidad de exigir que la libertad de expresión sea un verdadero derecho social.
*Periodista. Secretario de Extensión ISET Nº 18
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